Toledo y su eterno vals con la justicia.
Este 16 de octubre durante el juicio en vivo, la fiscalía ratificó su pedido de 20 años y 6 meses de prisión para el ex mandatario, además de 9 años de inhabilitación para trabajos en el sector público. El ex mandatario es acusado de los delitos de colusión y lavado de activos, específicamente por haber recibido dinero de forma ilícita a cambio de favorecer la adjudicación del millonario proyecto de la carretera oceánica a la empresa Odebrecht.
Existen múltiples razones por las que la el ministerio público sostenga su acusación, desde pruebas documentales surgidas a lo largo de la investigación que han revelado documentos y registros financieros que sugieren transacciones de dinero sospechosas relacionadas con Alejandro Toledo y la empresa Odebrecht; han llevado a aproximar la cifra de coimas a 35 millones de dólares americanos.
Cabe resaltar que debido a dichos escándalos de corrupción han generado un impacto negativo en la integridad de las instituciones públicas, debilitando la confianza de los ciudadanos; esto debido a que cuando entres públicos de poder, como presidentes o expresidentes reciben este tipo de acusación, destruyen la credibilidad del sistema político y la capacidad de este para proteger los intereses del pueblo.
Los actos y decisiones de Toledo terminaron por cavar su tumba, luego de su mandato su declive era inminente y sucedió, terminó por huir del país y ser extraditado, los capítulos de su juzgamiento y la búsqueda de justicia para los peruanos por lo que le hizo a la patria es interminable, es hora de que se le dicte sentencia y se cierre de una vez por todas esta historia de no acabar de presidentes cuyo juego legal les ha permitido huir a la justicia.

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